Tal como estaba previsto, se realizó ayer la jornada llamada “Reflexiones sobre la Reforma Constitucional” de Corrientes. En un poblado Salón Amarillo de la Casa de Gobierno, disertaron prestigiosos juristas a nivel nacional e internacional.
La apertura del evento estuvo a cargo de Armando Aquino Britos, coordinador del Consejo Participativo para la reforma de la Carta Magna local.
El vicegobernador Rubén Pruyas; el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Eduardo Farizano; los ministros de Gobierno y Justicia, Walter Insaurralde, y de Producción, Alfredo Aun; la presidenta de la Cámara de Diputados, Josefina Meabe de Mathó, fueron las más destacadas autoridades provinciales presentes.
Los disertantes: Tomás Hutchinson y Fabio Quetglas fueron del primer panel. Ambos profesionales, integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de Políticas Públicas.
El primero en disertar, fue Hutchinson, titular de Derecho Administrativo en la UBA, en la Universidad de Mar del Plata y en la de La Plata.
Para este profesional prestigioso y de larga carrera, “la Constitución” quedará “por mucho tiempo”, por lo que “tenemos que preservar dar pluralismo, principios y poner cosas que sean importantes”.
“El ambiente de hoy no va a ser el mismo que dentro de 15 años; el desarrollo sostenible de hoy tampoco va a ser el mismo”, opinó Hutchinson, por lo que, ante tal mutación natural, aconsejó “pocas palabras, como lo hizo la Constitución Nacional” para que éstas sean a su vez perdurables y se encajen a diversos escenarios. “
No se debe empezar por “determinar qué es lo sostenible, porque después no hay forma de reformular esto”, consideró.
Sobre la necesidad de equilibrar el desarrollo con el cuidado del medio ambiente, Hutchinson fue muy claro y didáctico con el ejemplo que escogió. “A mí me gustan los ríos transparentes, pero si los chicos se mueren de hambre, el río transparente no sirve”, por lo que “hay que hacer una conjunción de principios, principios fundamentales para que después el legislador o el jurista, tanto doctrinario como en la jurisprudencia, trate de amalgamar la cuestión”, aseveró.

El foco del debate, según Fabio Quetglas: ¿Cómo financiar el cuidado ambiental?

Si hay una cuestión sensible que se ha instalado en la sociedad argentina y puntualmente en la correntina en lo que se refiere a las posibilidades de nuevas normativas es, sin dudas, la ambiental. Debatir su desarrollo es sinónimo de preservación de la naturaleza.
Corrientes, extremadamente rica por sus recursos naturales, se encuentra –a su vez– en una disyuntiva mediata ante su reconocido potencial forestal. Esto dispara, por la coyuntura nacional (el diferendo con Uruguay por las papeleras), extremas posiciones y enfrentamientos desenfocados a la hora de discutir el rumbo.
Ante este escenario, Fabio Quetglas vertió ayer en el marco de la jornada “Reflexiones sobre la Reforma Constitucional”, un punto de vista normativo equilibrado, claro y profundo para que Corrientes no bipolarice de cara a un futuro reciente su posibilidad de desarrollo y el cuidado del medio ambiente.
Para Quetglas (máster en gestión de ciudades y desarrollo territorial de la Universidad de Barcelona), lo más importante a la hora de debatir medio ambiente y desarrollo es poner en el centro de la escena “qué tipo de Estado se tiene que tener para controlar las normas que se van a construir”.
Con un Estado “desjerarquizado”, o sea débil y sin recursos fiscales, “las normas no serán operativas”, un capítulo del debate considerado por Quetglas como “interesante”. La discusión no debe darse sobre la posibilidad de “incorporar o no el cuidado del ambiente, sino cómo vamos a financiar el cuidado” del ambiente.
“Cuando decidimos que en tantos millones de hectáreas no vamos a producir tal cosa, nos estamos de alguna manera limitando, restringiendo como sociedad una serie de posibilidades y esa restricción tiene un costo”, declaró Quetglas, para quien esa “reflexión interesante” se da “en muchos países”, ya que la cuestión medular debe ser “cómo se financian costos de no utilizar determinados recursos o de utilizarlos limitadamente”.
Corrientes no debe imitarse a “la visión acerca de la sustentabilidad o no sustentabilidad ambiental de ciertas actividades”, ya que en realidad “cualquier actividad humana mal concebida es insustentable”.
Quetglas consideró que no es posible construir desarrollo exclusivamente desde una perspectiva jurídica, o sea que la construcción de un desarrollo no puede hacerse normativamente.
No sólo las normas son necesarias “para garantizar los derechos para vivir en un ambiente sano”, sino que “también necesitamos normas porque el desarrollo mercadista de actividades riesgosas para el ambiente, generan otros efectos perversos: concentración económica, competencia desleal, apropiación privada de beneficios que deberían ser sociales”, enumeró.
Argentina “precisa un debate ambiental más amplio del que se da el día de hoy” por la coyuntura del diferendo con Uruguay. “Se debería pensar en cómo concebimos, pensamos y resolvemos un Estado que pueda controlar la política ambiental”, máxime cuando “está probado que el desarrollo no sólo no va en detrimento del ambiente, sino que los países que mejor controlan su preservación ambiental son los desarrollados”, resumió Quetglas.