En sólo pocas horas lo que fue una inquietud terminó por transformarse en una suerte de “embestida” de la producción contra los recursos naturales y ambientales de la provincia. Los representantes de los sectores productivos quieren un marco jurídico seguro que garantice la inversión, lo que es ciertamente avalado por el Ministerio de Producción y el Icaa, pero los ambientalistas se oponen férreamente a cualquier modificación que signifique más impacto. Así las cosas, se abre un gran campo de debate que seguramente se extenderá hasta tanto se produzcan o no esos cambios en las leyes ambientales y del Código de Aguas.

Encuentro con Cassani
Representantes de los sectores de la producción provincial se reunieron el miércoles con el presidente de la Cámara baja, Pedro Cassani, para manifestar su intención de ser parte del proceso de sanción de leyes que afectan al sector. Prosap, ley de bosques y emergencia agropecuaria fueron los ejes de debate, además de los temas ambientales. Buscan diálogo y “aprovechar las oportunidades de inversión que no se repetirán a futuro”, señalaron los referentes. “Es bueno que nosotros, sus representantes, tengamos en agenda sus necesidades más prioritarias y avanzar en ese sentido. El Poder Legislativo quiere y debe estar abierto para ustedes y todos la sociedad”, señaló.
Puntualmente, los productores consideran que la actual legislación, entre otras cosas, “introduce una burocracia innecesaria y perjudicial”, “permite que oportunistas antidesarrollo generen denuncias públicas, administrativas y judiciales generando conflictividad mediática e inseguridad jurídica”; y “desalientan proyectos de inversión de productores locales y externos”. También consideran que, así como están las cosas, “retiran del mercado a los inversores más relevantes, quienes temen atravesar por escenarios que conlleven incertidumbre y exposición pública” y “produce una minusvalía importante en los valores de las propiedades y las rentas esperadas a futuro”.

Con el Icaa
Cassani recibió en su despacho al titular del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa). Mario Rujana, con quien dialogó extensamente sobre distintas aristas de los recursos hídricos de la provincia y las acciones en pos de una nueva legislación sobre agua y ambiente, “que brinde reglas claras y seguridad jurídica a las inversiones que se hagan en el sector industrial, agropecuario y de servicios”, según el propósito fijado por la nueva administración gubernamental. Rujana indicó que se prevé realizar una revisión de la normativa de la cual el organismo es autoridad de aplicación, como ser el Código de Aguas (Decreto Ley Nº 191/01), a los efectos de adecuarlo a los tiempos actuales, entre otras iniciativas.
Confirmó que se iniciaron conversaciones con la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación para articular institucionalmente el análisis de la actual disposición y efectuar las modificaciones de acuerdo con la experiencia en la instrumentación e implementación que permitan agilizar la gestión hídrica en el ámbito rural tanto para obras públicas como privadas y en especial siguiendo los Principios Rectores de Política Hídrica elaborados en el seno del Consejo Hídrico Federal (Cohife).
Cassani escuchó atentamente lo relatado, y comentó detalles de la reunión mantenida con ruralistas un día antes, donde éstos se manifestaron en contra de algunas leyes ambientales y especialmente con algunos puntos del Decreto Ley de Código de Aguas. Pidió sobre ellos aclaraciones específicas a fin de realizar luego un juicio de valor sobre lo escuchado.
“Es importante que tanto los técnicos del Icaa como las partes interesadas en estos temas, además de los legisladores, podamos debatir seriamente y con fundamentos valederos los cambios a efectuar en las normativas. La Cámara de Diputados tiene como objetivo ser el centro de confluencia de todas las visiones en torno a un proyecto de ley. La idea es que todos tengan participación y sin excepciones sean escuchados y comprendidos”, afirmó, por lo que quedó pendiente de definición fecha y horario de un nuevo cónclave ampliado a los demás miembros de la Cámara baja.
“No es un tema menor el que nos tocará abordar en este cuerpo colegiado, por lo que seguramente vamos a tener muchas preguntas y realizar junto a ustedes, los especialistas en la materia, la investigación respectiva que nos lleve a la mejor ley, la que más beneficie a los correntinos y a la provincia en sí”, remarcó Cassani. También informó de las adecuaciones en materia ambiental, como la evaluación de Impacto Ambiental (Ley Nº 5.067) en concordancia con la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos (Ley Nº 25.675) para lograr un desarrollo sustentable y la dinamización de la gestión ambiental. Rujana sostuvo que esto se debe a la “necesidad de contar con una legislación moderna que fije reglas claras para articular mecanismos administrativos y técnicos que sirvan como elementos para brindar seguridad jurídica a las inversiones vinculadas con el sector industrial, agropecuario y de servicios, así como integrar la gestión ambiental con municipios para la temática de manejo de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU)”.