Por unanimidad, el tribunal dispuso que la dirigente de la Tupac Amaru continúe detenida. Con voto dividido, ordenó que se cumpla con lo establecido por la CIDH en cuanto al arresto domiciliario.

 

La Corte Suprema de Justicia decidió por unanimidad confirmar la prisión preventiva de Milagro Sala, mientras que, con el voto de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, ordenó que se cumpla con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en cuanto a la prisión domiciliaria. En cambio, el juez Carlos Rosenkrantz dispuso la remisión de los autos para que, en primer lugar, se pronuncien los tribunales de la causa respecto de lo ordenado por la CIDH, informó el Centro de Información Judicial (CIJ).
De este modo, quedó firme el fallo del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Jujuy que convalidó la prisión preventiva de Sala, que había sido ordenada por existir riesgo de obstaculización del proceso en el que se le imputó la comisión de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefa, fraude a la administración pública y extorsión.
En su recurso extraordinario federal ante la Corte, la defensa de Sala sostuvo que su detención preventiva era arbitraria, alegando que no había elementos para justificar la existencia de riesgo procesal. En su decisión, el máximo tribunal del país descartó este cuestionamiento.
Para ello, destacó que el STJ de Jujuy convalidó la restricción de la libertad luego de ponderar que los hechos denunciados en este proceso fueron presuntamente realizados en el contexto de una organización con una modalidad de acción que incluiría la intimidación y teniendo además en cuenta las declaraciones prestadas en la causa por varias personas que manifestaron tener miedo hacia la acusada y sentir temor por su seguridad y la de sus familias a raíz de distintas actitudes intimidatorias que habían padecido.
De este modo, la Corte concluyó en que la prisión preventiva fue justificada por la máxima autoridad judicial jujeña en la existencia de un entramado organizacional a disposición de la imputada, presuntamente utilizado para infundir temor por las consecuencias adversas de enfrentar sus intereses y, con base en constancias de la causa, se fundó suficientemente la sospecha razonable de que la acusada obstaculizará el proceso intimidando a los testigos o induciéndolos a falsear su declaración, a la luz de su capacidad para obrar en tal sentido.
En  los votos de Lorenzetti, Highton, Maqueda y Rosatti, la Corte requirió a las autoridades judiciales a cuya disposición está detenida la dirigente jujueña para que, con urgencia, se cumpla con la decisión dictada por la CIDH el pasado 23 de noviembre, que resolvió que debe sustituirse la prisión preventiva por la medida alternativa de arresto domiciliario o por cualquier otra medida menos restrictiva.
En tanto, el juez Rosenkrantz consideró que no corresponde adelantar criterio sobre lo resuelto por los órganos interamericanos ya que la única cuestión resuelta por la Corte se refiere a la procedencia de la prisión cautelar, no a las condiciones de detención de la imputada. Por ello, dispuso la remisión de las actuaciones para que los tribunales locales se pronuncien sobre el punto.